P
Marilú
Camacho López[1]
Andrés
Otilio Gómez Téllez[2]
-INTRODUCCIÓN.
El propósito de este trabajo, es aportar elementos de carácter jurídico-
educativos que sirvan de base para
fundamentar una posible
iniciativa de ley que incida en la Ley de Educación para el Estado de
Chiapas(vigente), autorizando la creación del CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIONES
Y SERVICIOS EN DERECHO EDUCATIVO (CEISDE).
El estudio del derecho implica introducirse en un amplio campo de la
cultura humana, para su mejor comprensión, es menester limitar el campo de
interés; nuestro objeto de estudio es el Derecho Público específicamente el
Derecho Constitucional que es la rama jurídica que trata el estudio de la
Constitución del Estado donde se aborda el tratamiento de las garantías
individuales y sociales, así como el funcionamiento y control de los poderes
públicos.
Un derivado del derecho constitucional es el derecho administrativo,
área que comprende el estudio de la organización y la actividad administrativa,
esto es, el funcionamiento cotidiano de los agentes y organismos que integran
lo que hoy se denomina Estado moderno. No podemos dejar de mencionar uno de los
elementos más importantes del marco jurídico mexicano como lo es el Derecho de
Amparo, que tiene como objeto proteger, amparar, tutelar, el orden jurídico
nacional de violaciones por parte de la autoridad de cualquier nivel de
operación.
La triada Derecho Constitucional,
Administrativo y Amparo, integran una línea de investigación por demás
interesante para los educadores, ahí encontramos a los derechos: humanos, del medio ambiente,
eclesiásticos, a la cultura , del
proceso administrativo, educativo, entre otros; es precisamente el DERECHO EDUCATIVO un campo del saber que consideramos
esencial en el desarrollo integral del ciudadano en colaboración con otros campos del conocimiento, y es motivo de nuestras preocupaciones cotidianas
en tanto que educadores e investigadores.
Nos hemos preguntado: ¿Cuál es el primer
paso que en concreto el Estado y la sociedad debemos de dar para iniciar
los trabajos de conformar un nuevo tipo de ciudadano conocedor de sus derechos
y obligaciones?, nuestra experiencia nos indica, que el punto de partida es la
creación del marco jurídico que le de sustento para su aplicación, y que éste,
debe de ubicarse en la Ley principal que regule en este caso la actividad
educacional, nos referimos a la Ley de Educación para el Estado de Chiapas
vigente. Por supuesto, estamos
conscientes que eso no será suficiente, si no se cuenta con la voluntad
política de todos los implicados, además
de los recursos financieros, materiales y humanos necesarios.
Chiapas está lleno de contrastes, pues a pesar de la belleza y la
riqueza de su geografía, es evidente la mala distribución de la riqueza, había que sumar los efectos nocivos de la
globalización y una profunda recesión
económica donde el desempleo tiene a una
gran parte de la sociedad en constante preocupación por decir lo menos.
Estas situaciones no generan las condiciones más propicias para
vivir en el estado de derecho que el país y la entidad reclaman, sin embargo,
no hay alternativa, o aprendemos y nos desarrollamos en un Estado de derecho, o
seguimos en la ambigüedad de las normas
y viviendo de la simulación al margen del marco jurídico que nos regula.
Para nadie es desconocido que un sector importante en el desarrollo de
Chiapas es la educación, pero la existencia de múltiples intereses no ha
permitido la coincidencia de anteponer el beneficio de la sociedad sobre los
intereses de grupo, sin embargo, somos optimistas por necesidad, y creemos que
aún en las condiciones más adversas podemos crecer juntos; que a pesar de que los indicadores en materia
educativa son en su mayoría adversos, es posible avanzar en el presente para
construir aquí y ahora un mejor futuro.
1. JUSTIFICACIÓN.
La necesidad que tiene el estado y la sociedad de
propiciar políticas y proyectos que promuevan el desarrollo integral del
ciudadano a partir de la mejora constante de la cantidad y la calidad del servicio
educativo, es una premisa fundamental en el marco constitucional que nos rige a
los mexicanos. Un derivado del derecho constitucional como lo es el derecho
administrativo, nos aporta nuevos elementos que conforman un derecho especial
conocido como derecho educativo, sus antecedentes se remontan a 1853 en la
Constitución Nacional Argentina.
En México el crecimiento del derecho educativo es
incipiente, podríamos decir que no ha sido de interés ni para los especialistas
del derecho, ni para las personas vinculadas al sector educativo, lo que da la
impresión de que el terreno educativo fuese un espacio sin leyes o normas que
lo rijan lo cual es falso, pero también tiene parte de realidad pues de
acuerdo a nuestro sondeos en los
diversos tipos, niveles, y modalidades del sistema educativo de Chiapas, es tal
el desconocimiento del marco jurídico-educativo entre docentes, educandos,
autoridades educativas y padres de familia entre otros sectores vinculados a la
educación, que se justifica el estado de ambigüedad que se observa en todo el
sistema educativo de la entidad, afectando de manera sensible la calidad de la
educación.
En Chiapas se requiere la integración de un nuevo
organismo educativo que de respuesta a
las múltiples necesidades, que en materia de derecho educativo se viven en el
sistema educativo estatal.
2.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
Desde
el inicio de la sociedad los diversos grupos humanos, tribus, familias, vieron
la necesidad de la creación de reglas o normas de conducta que en el campo del
derecho y las obligaciones le diera sentido, coordinación, y obediencia al
esfuerzo colectivo e individual en todos los campos del desarrollo. La búsqueda constante del objetivo común y de
la norma que regule la acción ciudadana se reconoció como una necesidad
permanente para evitar la anarquía, el desorden, el caos.
A
la par de la creación de los derechos y las obligaciones, también se formularon
los castigos para aquellos ciudadanos que no se sujeten a la normatividad
vigente; además, para hacer efectiva la aplicación de las normas y las
sanciones, se crearon las autoridades correspondientes, se trata de garantizar
hasta donde sea posible que las reglas jurídicas sean acatadas por todos los
integrantes de esa sociedad, y los primeros en obligarse a su cumplimiento son
las propias autoridades responsables de su aplicación.
Un
paso importante para la aplicación de las leyes es el conocimiento que de éstas
tenga la sociedad, por lo tanto, es una obligación ineludible que gobernantes y
gobernados la dominen evitando con ello posibles sanciones, por ejemplo y en el
marco jurídico-educativo vigente en México y en Chiapas, sería deseable que los
ciudadanos conociéramos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en especial su artículo tercero y su ley reglamentaria mejor
conocida como Ley General de Educación; en el contexto de nuestra entidad, es
menester que como mínimo identificáramos los elementos educativos de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, y de manera específica, nuestra
Ley de Educación para el Estado de Chiapas.
En
teoría, se parte del supuesto de que al igual que todo el marco legislativo ,
el derecho jurídico-educativo mexicano y sus componentes, al ser publicados sus
ordenamientos en el Diario Oficial de la Federación, o en el Diario Oficial del
Estado de Chiapas según corresponda, automáticamente se cumple la ficción de
que toda la población le conoce, lo cual resulta ridículo, pues como sabemos, a
veces ni los propios versados en derecho se enteran en tiempo y forma de sus
modificaciones; había que señalar, que constituye un deber de todos los
ciudadanos el estar debidamente informados, adquiriendo la posibilidad no solo
de cumplir la norma, sino también de oponerse a las acciones o resoluciones que
se den en contra de lo que las leyes determinen.
Había
que precisar que el concepto de norma jurídica
proviene del griego “nomos” que significa: la forma de ser de un pueblo,
pero no todas se refieren al comportamiento del pueblo; también existen otras
tales como las morales y las normas de producción que realizan una función
específica dentro del ordenamiento jurídico conocidas también como metareglas,
son disposiciones secundarias o reglas sobre reglas de carácter superior que
por su jerarquía constituyen principios generales para el sistema de fuentes
del derecho.
El
marco jurídico educativo de Chiapas al paso del tiempo ha sufrido diversas
modificaciones en un esfuerzo de responder a las diversas demandas culturales,
económicas y políticas; sin embargo, las transformaciones deben ser constantes si no se quiere correr
el riesgo de quedar a la zaga de las estrategias nacionales y globales para el
desarrollo. Reconocemos que sería muy presuntuoso decir que la educación es la
base principal para la prosperidad del ciudadano y la sociedad en general, pero
si constituye uno de los primeros pasos para la aplicación de modelos
productivos que nos lleven al crecimiento tecnológico y humanístico que tanto
necesitamos.
El
derecho educativo de Chiapas puede ser la senda adecuada para iniciar el camino
de la transformación del nuevo ciudadano, esta área del conocimiento corresponde a la segunda generación de los
derechos humanos, y en ella se encuentran comprendidos los pactos
internacionales en materia de derechos sociales, económicos y culturales
reconocidos por la gran mayoría de los pueblos del mundo. Es bien sabido que
sin educación no es posible conocer, sostener, ni ejercer, los otros derechos
humanos; por lo tanto, el derecho a la
educación es un factor principal plenamente legitimado en diversas
declaraciones internacionales, nacionales y locales, situación que constituye
una herramienta poderosa en beneficio de todos.
Según
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26.
“Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación, …la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, debe fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades
fundamentales…la educación debe de capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre…la enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente…la enseñanza secundaria en sus
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita…La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base y la capacidad de cada uno,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita…”
Para
que el Estado garantice en la medida de sus posibilidades los propósitos
enunciados, se requiere de marcos jurídicos actualizados que le proporcionen
respaldo y fundamento en su accionar, pero que responda también a problemas
concretos como lo es el requerimiento social de más y mejores oportunidades en educación superior, pues
actualmente es el “cuello de botella” del sistema de educación formal en
México, situación que se agrava más en
nuestra entidad.
3. MARCO JURÍDICO.
“jus
est ars boni et aequi”, según el Diccionario jurídico- latino de editorial
Siesta, es una excelente frase pues significa: el derecho es el arte de lo
bueno y lo justo, en consecuencia podríamos decir por extensión, que un marco
jurídico, constituye un punto de equilibrio que busca ante todo lo bueno y lo
mejor para quienes estén supeditados a este.
Como
sabemos el marco jurídico fundamental que nos rige a los mexicanos es nuestra
Carta Magna o Constitución Política en ella se reflejan casi todas las
aspiraciones del pueblo. En materia educativa el artículo tercero
constitucional tiene el espíritu y los propósitos en la materia, para motivos
de nuestro trabajo conviene puntualizar los siguientes enunciados que
trataremos de comentar posteriormente:
“Todo
individuo tiene derecho a recibir educación…La educación que imparta el Estado
tendera a desarrollar todas las facultades del individuo…El criterio que
orientara a esa educación se basará en los resultados del progreso
científico…Será democrática, considerando a la democracia… como un sistema de vida…Contribuirá a la mejor
convivencia humana”
Como
podemos constatar los propósitos en materia educativa nacional no se
estructuraron desde una visión reduccionista dedicada exclusivamente al proceso
enseñanza- aprendizaje, se trata de implementar esfuerzos permanentes por
incorporar nuevas y mejores estrategias que permitan el desarrollo integral del
sujeto en su evolución constante en el campo de lo bio-psico-social, además,
existe la orden ineludible de permanecer en el campo de la objetividad atentos
al progreso científico y sus aportes en el campo del desarrollo tecnológico y
humanístico, donde la democracia como valor básico dirija nuestras acciones en
la convivencia social pero también en la actuación individual.
De
acuerdo con la ley reglamentaria del artículo tercero Constitucional conocida
como Ley General de Educación en su artículo 14. en su fracción I, corresponde
a las autoridades locales, “Promover y prestar servicios educativos, distintos
a los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13 de acuerdo con las
necesidades nacionales, regionales y estatales”, ello nos hace suponer que
están dadas las condiciones para crear nuevos organismos educativos que como en
el caso del CIESDE coadyuven desde el derecho educativo al desarrollo integral
de los sujetos vinculados al sector educativo.
En
el caso concreto del marco jurídico educativo de Chiapas tanto en su
Constitución Política, como en su actual Ley de Educación prácticamente no
existen elementos que den pauta o hagan referencia alguna al derecho educativo,
de ahí la necesidad de iniciar el camino, reconocemos que en el sistema
educativo del Estado opera cierto marco jurídico educativo pero es confuso ,
poco conocido y menos estudiado por lo que se requiere su tratamiento
sistemático.
Ante
la necesidad de implementar un nuevo organismo que desde el derecho educativo
promueva la educación integral, planteamos aquí algunos considerandos que
identificamos como elementos
signifificativos para tal propósito.
CONSIDERANDOS:
a).
Que el derecho educativo mexicano es un producto directo e inmediato de la
soberanía del pueblo que plasmó el derecho
a la educación como parte fundamental de sus aspiraciones para el
desarrollo social, político, y económico.
b). Que el desconocimiento del derecho educativo
por gran parte de la sociedad chiapaneca, y específicamente de los principales
actores del quehacer pedagógico como son: profesores, directivos y educandos;
pero también, padres de familia, dirigentes sindicales, empleadores y otros,
constituye un lastre en los propósitos de planes y programas vinculados a la
mejora de la educación estatal.
c).
Que según indicadores nacionales e internacionales el estado actual de la
educación en Chiapas exige nuevas estrategias que impliquen cambios
estructurales en el sector, por lo cual se requiere la implementación de
organismos autónomos capaces de generar confianza social en sus acciones y
propuestas, capaces de estimular actividades concretas de investigación,
formación docente y otros servicios
profesionales en áreas específicas como la de derecho educativo.
d).
Que el Taller de Estudios en la Ley de Educación para el Estado de Chiapas
integrado por representantes de la Comisión de Educación de la LXIII
Legislatura del H. Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de Chiapas, el
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Chiapas, y otras instituciones educativas de
reconocido prestigio, a la fecha hemos realizado diversas acciones con el
propósito de fomentar el conocimiento, la divulgación, y la investigación del
derecho educativo en la entidad.
e).
Que actualmente existen condiciones político sindicales favorables para
participar en la mejora substancial del sistema educativo chiapaneco, esto sin
menoscabo de las prerrogativas y derechos sindicales del profesorado, pero con la conciencia de la urgente necesidad de
cambiar para mejorar, y que el resultado nos beneficie a todos.
f).
Que el Gobierno del Estado de Chiapas que preside actualmente el Lic. Juan
Sabines Guerrero ha dado muestras de su interés por mejorar la educación en la
entidad, aunado a su probada capacidad de gestoría ante los diversos sectores responsables del
trabajo educacional.
g).
Que la creación del CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EN DERECHO EDUCATIVO (CEISDE), es
indispensable para continuar los
trabajos que en materia de derecho educativo y con el concurso de las diversas instituciones
de educación superior realizamos los integrantes del Taller de Estudios en la
Ley de Educación para el Estado de Chiapas.
h)
Que el principal objetivo del CEISDE
será el constituirse a mediano plazo en el principal Centro de
Investigaciones y Servicios de Derecho Educativo del sur de México, pero su
trabajo permanente es la mejora constante
de todo el sistema educativo de Chiapas en el marco del área de conocimientos
de su competencia.
i).
Que para hacer posible los propósitos antes señalados se propone una adición a
la Ley de Educación para el Estado de Chiapas donde se reconozca la importancia
del derecho educativo para el sistema educativo estatal, faculte al poder
ejecutivo para la creación de un organismo con autonomía técnica y
administrativa en materia de derecho educativo, y establezca la obligatoriedad
de las instituciones que integran el sistema educativo de Chiapas en todos sus
niveles y modalidades a contribuir con las tareas sustantivas de la nueva
organización ( docencia, investigación, extensión, y servicios),
4. PROPUESTA CONCRETA.
Artículo
---Para los efectos de esta Ley, se reconoce la importancia del derecho
educativo como un área con temática jurídica amplia y fundamental para la
sociedad, que incluye a la educación y su función de enseñanza-aprendizaje, los
educandos, los docentes, sus derechos y sus obligaciones, la organización
educativa, sus autoridades, y todos los elementos vinculados a la acción
educativa formal, no formal, e informal.
Artículo
---La finalidad del derecho educativo es mejorar el desarrollo integral de la
sociedad con énfasis en la calidad de la educación, por lo tanto se declara de
interés público para el sistema educativo estatal.
Artículo
---La acción del derecho educativo en materia de docencia, investigación,
extensión, y servicios en el sistema educativo de Chiapas, deberá de ser
permanente, continuo, sistemático, procesual y científico, con resultados
concretos y transparentes para toda la sociedad.
Artículo
---Se Faculta al Poder Ejecutivo del Estado, para proceder a la creación del
CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EN DERECHO EDUCATIVO (CEISDE),
como un organismo con autonomía técnica y administrativa; las instituciones que
conforman el sistema educativo de Chiapas en todos sus niveles y modalidades
tienen la obligación de contribuir al
logro de sus objetivos en materia de docencia, investigación, extensión, y
servicios.
-FUENTES DE INFORMACIÓN:
a)Legisgrafía.
-Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Ley
General de Educación.
-Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
-Ley
de Educación para el Estado de Chiapas.
b)Textos.
-Cárabes
Pedroza, J. Jesús. Fundamentos Políticos
–Jurídicos de la Educación en México. Editorial Progreso. México.
-Cisneros
Farías, Germán. Axiología del Artículo Tercero Constitucional. Editorial
Porrúa, México.
-Gámez
Parral, Máximo N. Lo que todo mexicano debe saber sobre derecho. Limusa.
México.
-García
Leyva, Luis Alberto. El Derecho Educativo; sus relaciones con la sociedad del
conocimiento. Revista Iberoamericana de la Educación. Argentina.
Ibáñez,
Roberto, et al. La pasión de educar. Revista Istmo. México.
Instituto
de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa
a/UNAM. México.
-Siesta.
Diccionario Jurídico Latino. Editorial Siesta. México.
La urgente necesidad de
regular la creación y funcionamiento de los posgrados en educación en Chiapas.
Nancy Leticia Hernández
Reyes
Rosario Guadalupe Chávez
Moguel
INTRODUCCIÓN
En
el presente trabajo plantea, tal como se especifica desde el título, la urgente
necesidad de regulación en la creación y funcionamiento de los programas de
posgrado en educación, específicamente en el contexto chiapaneco. En primer
lugar, desde una perspectiva histórica, se abordan las funciones del posgrado
desde su aparición en México y se realiza un recorrido haciendo alusión a los
elementos contextuales que lo fueron conformando como espacio problemático. Al
realizar el análisis del posgrado, nos detenemos en dos de los principales
problemas: el crecimiento de la matrícula y la consecuente falta de recursos
para su atención, así como, la orientación pragmática que parece estar
incidiendo en la creación de programas de posgrado exclusivamente
profesionalizantes, dejando de lado la necesaria formación de investigadores
para el desarrollo económico, tecnológico y sociocultural del entorno. La
propuesta específica, desde este foro, es abordar el análisis de los programas
de posgrado para intentar su ordenamiento desde la propia Ley de Educación del
Estado de Chiapas.
FUNCIONES
DEL POSGRADO
Desde
sus orígenes, el posgrado surgió con la finalidad de preparar profesores
universitarios (Reséndiz y Barnés, 1987) debido a la falta de cuadros
preparados para la formación de profesionistas. En 1994 se crea una nueva Ley
Orgánica, en la cual se establecen como funciones de las Instituciones de
Educación Superior, la docencia, la investigación y la extensión. Los fines
para el posgrado se señalan en términos de la formación de investigadores y
profesores universitarios, así como los de organizar y realizar investigación
como esencia de la universidad (LX Legislatura, 1994).
Ante
el panorama nacional de desarrollo industrial, científico y tecnológico de la
segunda mitad del siglo XX, la necesidad de personal formado en todas las ramas
de la ciencia y la técnica modernas, capaces de generar e introducir
innovaciones en el aparato productor de bienes y servicios, cobra una
importancia relevante. Surge la urgencia
de formar cuadros de posgraduados en el país.
Reséndiz
y Barnés (1987) mencionan que las funciones del posgrado para atender a las
nuevas condiciones del contexto eran: “formar especialistas capaces de
comprender plenamente las necesidades de innovación, identificarlas y
contribuir a satisfacerlas” (p.43); para
ello, durante los estudios de posgrado, el estudiante debería adquirir un grado
de formación más profundo y especializado; obtener un hábito intelectual y una
práctica de trabajo apropiados para la identificación, planteamiento y solución
de problemas nuevos mediante el método científico; se trataba de exponer al
alumno y al maestro a la experiencia de participar activa y directamente en el
proceso de generación de conocimientos en su disciplina.
Las
tareas específicas a las que se dedicaría el posgrado, desde entonces, serían:
el ejercicio en investigación, el ejercicio en el arte de exponer ordenada,
clara y convincentemente sus ideas según la disciplina, conocimiento de otros
idiomas y de otras técnicas de comunicación, uso pulcro y eficaz de su propio
idioma, manejo de información sobre las áreas de conocimiento y preparar al
estudiante para una fructífera interacción de colaboración con otros
especialistas; para lo cual debería profundizar en el conocimiento de su
disciplina con una visión unificada.
La
formación para la docencia y la investigación son los ejes primordiales del
posgrado que marcan la orientación y la dirección que ha de seguir este nivel
educativo (ANUIES, 1981, p.9-10), incluye tres modalidades: la especialidad, la
maestría y el doctorado.
Especialización. Su objetivo es el mejoramiento tanto del nivel
académico del personal docente como profesional. Ofrece una profundización en
el campo restringido de una disciplina y capacita para la adaptación de métodos
y técnicas particulares a problemas específicos que se generan en esa
disciplina.
Maestría. Pretende formar profesionales en áreas específicas del
conocimiento, que sean capaces de realizar una investigación de carácter
adaptativo, y desarrollar su ejercicio profesional en un alto nivel de
especialización disciplinaria.
Doctorado. Tiene como objetivo general prepara al profesionista para la
investigación básica o para la investigación aplicada, pidiéndose originalidad
en ambos niveles.
En
el modelo de universidad moderna, la función de la investigación llegó a
tornarse minimizada, tanto en sus alcances como en sus acciones, ya que al no
existir vinculación entre esta función y las otras dos fundamentales (docencia
y extensión), no se formaba el recurso humano necesario que enfocara su trabajo
hacia los avances científicos y tecnológicos que requería el desarrollo de la
nación, y se convirtiera en una entidad más dentro del ámbito universitario.
Entidad a la que no todos los profesionistas tenían acceso, pues se convirtió
en un espacio exclusivo de prestigio y competencia. No fue sino hasta
principios del XXI, que dieron inicio una serie de orientaciones y acciones que
trataban de atender los problemas del posgrado. Estas acciones tuvieron como
origen, un diagnóstico elaborado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en 1997.
PROBLEMÁTICA
DEL POSGRADO
El
desarrollo del posgrado ha generado la conformación de problemas que se han
venido profundizando. La primera Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México en el siglo XX se promulgó el 10 de julio de 1929, en ella
se especificaron como fines de la educación superior los de “impartir educación
y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y
problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la
sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas, la cultura nacional,
para ayudar a la integración del pueblo mexicano” (Silva, 1979, p.54).
Desde
1933 tienen lugar varias reformas a la Ley Orgánica, en las cual se especifica
la injerencia del Estado en el financiamiento a la Universidad, el cual ha sido
siempre menor a su necesidad, lo que ha provocado carencias económicas que han
ido en detrimento de los programas educativos y de investigación.
Los
recursos financieros asignados a la Universidad se distribuyen entre las tres
funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. El comportamiento
de esta asignación muestra que la mayor cantidad se asigna a la función de
docencia por el número de alumnos que demandan educación. Esta situación tiende
a debilitar al posgrado pues se requiere una mayor carga presupuestal orientada
a favor de las ciencias.
En
el período comprendido entre 1960 y 1982 empieza un marcado agotamiento del
modelo económico adoptado por México. La oferta de empleos profesionales se
reduce y el número de egresados de la educación superior sigue en aumento
debido a la política gubernamental ocasionada por la expansión de la matrícula;
como proceso consecuente se presenta un creciente desempleo. Para tratar de
resolver el problema, se da mayor importancia a carreras enfocadas al área de
servicios (administración, contaduría, derecho y educación), se promueve el
crecimiento del subsistema tecnológico y se da prioridad a la formación técnica
terminal del nivel medio superior y al magisterio (Martínez, et al, 1996). El
sector privado encuentra en este momento una coyuntura para enfocar su
crecimiento hacia aquellas áreas de formación de profesiones tradicionales que
eran reducidas por el sector público.
En
las décadas de los 60 y 70 se presenta un crecimiento explosivo del posgrado,
ya que 70% de los programas que actualmente funcionan, fueron creados durante
esta época. Asimismo, la creación de un sinnúmero de programas enfocados al
área de servicios permitía el ingreso de mayor número de estudiantes a este
nivel, como fue el caso de los posgrados en educación.
La
falta de planeación en el crecimiento del posgrado dio como resultado la
aparición descontrolada de programas, sin orientación clara en el contexto de
la educación nacional, de los problemas nacionales y mucho menos, de los
problemas regionales.
Otra
de las consecuencias del crecimiento desmedido del posgrado y su desarticulada
extensión hacia el interior del país, lo constituye el hecho de que cada una de
las instituciones que ofrecían estudios de especialidad, maestría o doctorado,
impusieran criterios, generalmente desvinculados del objetivo que se perseguía,
para ingresar a cada una de ellas.
Algunos
análisis realizados desde finales del siglo XX con respecto a la problemática
del posgrado en México, como el del ex rector de la UNAM, José Sarukhán (1989),
planteaban que parecía existir cierta incongruencia entre el discurso político
que mostraba el interés prioritario del desarrollo de los estudios de posgrado
y la asignación de recursos para lograr los objetivos del nivel. Señalaba que
los principales problemas del posgrado eran: la carencia de personal con grado
en las licenciaturas, planes de estudio de posgrado sin una planta docente con
grado y el inicio de proyectos educativos, donde se capacita al mismo tiempo a
responsables y a alumnos.
Otros
estudios realizados en México, coincidían en que el principal problema del
posgrado era la escasez de recursos humanos, por lo que una de las más altas
prioridades dentro del desarrollo de este nivel educativo era estimular a los
grupos que tuvieran la capacidad de participar en estas actividades, así como
la formación de recursos humanos del más alto nivel para la investigación. “el
producto principal de los posgrados deberá ser investigadores” (Peña, 1991).
El
reto que representaba para México mejorar el posgrado y en consecuencia lograr
mayores perspectivas de desarrollo en materia científica y tecnológica, era y
sigue siendo grande. Para ello conviene considerar lo que Guillén proponía
desde 1990 para la formación de un Sistema Nacional de Posgrado, que debiera
iniciar por establecer los criterios básicos para su formación, no sin antes
homologar las condiciones en que se imparte en todo el territorio nacional.
TENDENCIAS
DEL POSGRADO DESDE LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
El
crecimiento del posgrado muestra desigualdades tanto en calidad de los
programas como en la atención a distintas áreas del conocimiento y en algunos
casos una escasa relación entre las necesidades sociales y del aparato
productivo (ANUIES, 1999).
La
ANUIES (1999) ha planteado, para el desarrollo del posgrado y de las
Instituciones de Educación Superior en general, el mejoramiento a través de una
transformación del Sistema de Educación Superior, cuyo objetivo sea el
“promover el mejoramiento de los niveles de desempeño, la pertinencia, la
cobertura, la eficiencia y la equidad con que realizan sus funciones las IES
mexicanas, impulsando el crecimiento y/o la consolidación cualitativa de cada
una de ellas…” (p.81).
Los
resultados emanados del diagnóstico elaborado por la OCDE, refieren también la
necesidad de desarrollar el nivel de estudios de posgrado para alimentar la
investigación y para mejorar la formación de los profesores de la educación
superior.
En
los programas nacionales y estatales educativos se empezaron a contemplar metas
de crecimiento en el posgrado, pero no se definían políticas y acciones a
seguir para trabajar en función de ambientes propicios para la formación del recurso
humano dedicado a la investigación, condición necesaria para el desarrollo y
consolidación de este nivel.
POSGRADOS
EN EDUCACIÓN
El
panorama del posgrado en México, expresa una marcada tendencia al crecimiento
desmedido, este crecimiento se refleja también en algunas áreas estratégicas
para el desarrollo del país; entre éstas se ubica la educación. Así, en la
década de los 80 se reportaron 69 programas de maestría en educación y para
fines de los 90 la cantidad aumentó en un 120% (Weiss, 1998).
Para
el año 2004 los programas de posgrados albergaban un total de 23 245 alumnos,
distribuidos aproximadamente en 146 instituciones públicas y privadas
establecidas en el territorio nacional. Los posgrados en educación atendían a
un total de 20 592 alumnos, los cuales se encontraban distribuidos de acuerdo a
estadísticas de la ANUIES[i],
de la siguiente manera: 1 182 corresponden al nivel de especialización, 14 108
al nivel de maestría en universidades, 4 331 en maestrías en educación normal y
971 alumnos en programas de doctorado.
Actualmente,
de acuerdo con datos de la ANUIES (2007), son 965 programas de posgrado en el
área de educación y humanidades a nivel nacional; 113 de especialidad, 719 de
maestría y 133 programas doctorales; los cuales atienden a un total de 34 755
estudiantes.
La
mayoría de los programas de posgrado en educación siguen planteando dentro de
sus objetivos la formación para la investigación, aunque en los dos últimos
años están apareciendo cada vez más programas de posgrado, incluso de doctorado,
con una tendencia primordialmente profesionalizante, contraponiéndose
necesariamente con los propósitos fundamentales de esta modalidad, que es la
formación para la investigación.
Un
aspecto importante de este proceso lo constituye la calidad de los programas de
posgrado en educación, pues la cantidad de programas, por sí sola, no refleja
sino un vacío estructural y una desvinculación entre los productos de esta
formación y los problemas que enfrenta la sociedad. No es cuestión de cantidad
sino de calidad, y en materia de calidad, no hay más que acudir a los datos
emitidos por las evaluaciones de CONACYT, donde la búsqueda por la
investigación de excelencia ha llevado al establecimiento de parámetros que
certifiquen la calidad de los programas a través de la implementación del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
El
Padrón de Programas de Posgrado de CONACYT se creó desde 1991, entonces, 284
eran los programas reconocidos, es decir, 67% del total de programas; en el año
2001 existían 150 programas de posgrado reconocidos, 220 condicionados y 61
emergentes; categorías que representaban hasta cierto punto el grado de calidad
de los mismos.
El
resultado de la evaluación emitida por CONACYT en 1993 expresa que únicamente 6
maestrías en educación, de las 104 existentes hasta ese momento, calificaban
como “posgrados de excelencia”, esto quiere decir que contarían con apoyo
financiero para su desarrollo, lo que no sucedió con los otros 98 programas[ii].
De
acuerdo con datos actuales, 1072 programas conforman el Padrón de Programas de
Posgrado reconocidos de calidad; sin embargo, las categorías que hoy se manejan
van desde creación reciente, hasta consolidado, pasando por la categoría en desarrollo (CONACYT-PNPC, 2008).
De
los 1072 programas reconocidos al 2008, únicamente 3 se encuentran ubicados en
Chiapas[iii]
y ninguno de ellos corresponde al área de educación; no obstante que es un
estado donde se encuentran registrados una cantidad grande de programas de
maestría y doctorado en esta disciplina.
Los
parámetros de calidad se establecen basados en criterios de comparación
internacional y evaluaciones por comités de pares; tendencias que ha tomado
fuerza con los procesos de globalización imperantes; sin embargo, tendría que
revisarse al interior de los programas, si los parámetros evaluados se
corresponden con lo que ocurre al interior de las instituciones, si
efectivamente la calidad que se expresa en un reconocimiento oficial a las
instituciones, refleja procesos educativos que atiendan a los propósitos
establecidos para el funcionamiento de dichos programas.
POSGRADOS
EN EDUCACIÓN EN CHIAPAS
Por
principio, hay que señalar que en Chiapas existe un número importante de
Instituciones educativas de nivel superior que ofrecen las maestrías en
Educación, entre las cuales, se cuentan tres universidades públicas, la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que es de carácter nacional y dos
estatales, como lo son la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Asimismo, podemos
considerar en este rubro de las escuelas públicas, al Instituto de Estudios de
Posgrado (IEP), perteneciente a la Secretaría de Educación.
El
Estado cuenta también con 7 instituciones privadas que ofrecen Maestrías en
Educación; entre ellas, se encuentra el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad del Valle de México (UVM) y el
Instituto de Estudios de Universitarios (IEU) que se ofrecen a nivel nacional
y, por otra parte, tenemos a la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), la
Universidad Mesoamericana (UMA), la Universidad Valle del Grijalva (UVG), el
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH) y la Universidad del Sur
que ofrecen sus programas en el Estado.
Estas
12 instituciones ofrecen 19 maestrías: La UNACH en la Facultad de Humanidades,
ofrece la Maestría en Educación Superior (en liquidación por reestructuración)
creada en 1994, la Maestría en Educación Indígena (en liquidación por
reestructuración) creada en 1998. La Maestría en Psicopedagogía, diseñada en
2001 y la Maestría en Educación con especialidades (En docencia, en
Investigación, Evaluación y Gestión de la Educación y Culturas Indígenas) cuya
creación tuvo lugar en 2003, esta última surgida de la evaluación que se
realizó a las maestrías en Educación Superior y en Educación Indígena. En la
Facultad de Medicina Humana se ofrece la Maestría en Docencia en Ciencias de la
Salud, que surgió en 1993 y, en la Facultad de Ingeniería se ofrece la Maestría
en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa surgida en el año 2000. La
UPN, por su parte, cuenta con dos Maestrías; una en Desarrollo Educativo,
creada en el año de 1998 y otra en Educación y Diversidad Cultural surgida en
1997. La UNICACH tiene la Maestría en Docencia, desde 2003. Y, finalmente,
entre la oferta de escuelas públicas, el IEP cuenta con la Maestría en
Desarrollo Educativo Regional, cuyo surgimiento tuvo lugar en el año de 1994.
En
el marco de la Iniciativa privada, el ITESM cuenta con una maestría en
Educación que se ofrece en Chiapas desde 1999, la UPGCH ofrece la Maestría en
Pedagogía desde 2001, la UMA tiene la Maestría en Ciencias de la Educación (con
especialidad en Educación Especial, en Administración de la Educación y en
Educación Regular) creada en 1995; la UVG por su parte, ofrece dos maestrías,
una en Ciencias de la Educación con formación en Integración Educativa y la
otra en Docencia e investigación, mismas que obtuvieron el REVOE en 2005. El
IEU cuenta con la Maestría en Ciencias de la Educación desde 1990; el IESCH[iv]
con la Maestría en Administración de la Educación Superior que obtuvo su REVOE
en 1998 y, finalmente, la UVM ofrece la Maestría en Ciencias de a Educación,
que se ofrece desde el año 2000.
Entre
éstas, cabe señalar que 3 tienen orientación hacia la investigación (La
Maestría en Educación y Diversidad Cultural de la UPN, la Maestría en
Psicopedagogía de la UNACH y la Maestría en Docencia e Investigación de la
UVG); una es mixta (La Maestría en Educación con especialidades de la UNACH) y
el resto tiene orientación profesionalizante[v].
Es
importante analizar que entre estos programas, desde su propuesta curricular,
algunos toman como punto de partida el debate entre educación, ciencias de la
educación y pedagogía (tal es el caso de la Maestría de la UMA, del IEU, la UVM
y la Maestría en Psicopedagogía de la UNACH). Otras, como la Maestría en
desarrollo educativo, la Maestría en Desarrollo educativo regional y la
Maestría en Educación Indígena, se dirigen hacia la intervención y el
desarrollo cultural. Otras más forman en funciones sustantivas, como lo son la
Maestría en docencia del IEP, en Investigación Educativa de la UNACH, En
Administración de la Educación Superior del IESCH, y la Maestría en Educación
de la UNACH. En esta misma línea, la Maestría en ciencias con especialidad en
matemática educativa, la maestría en docencia en ciencias de la salud (de la
UNACH) y la maestría en educación del ITESM se preocupan por el desarrollo de
habilidades en un área de conocimiento.
Es
sobre estos programas que se ha realizado un análisis curricular tratando de
identificar la manera en que están estructurados desde el curriculum formal y
las posibilidades de formación que ofrecen para sus estudiantes, Para ello, se
han tomando como punto de partida,
algunos de los indicadores que ofrece el CONACyT para evaluar los
programas educativos, toda vez que, ello nos ofrece un acercamiento inicial que
nos permitirá identificar, como un primer momento, la manera como han sido
estructurados estos programas educativos y en que medida cubren con esos
requisitos que señala el CONACyT. Lo anterior es importante porque los
indicadores mencionados permiten dar cuenta de aspectos relacionados con la
racionalidad del programa y su vinculación con la realidad en la que se circunscribe,
así como de la consideración que se hacen de ciertos elementos que no pueden
faltar en un programa educativo, pero que, sin embargo, en la práctica, muchas
veces no existen y, por tanto, ponen en duda la posibilidad de que ese
programa, carente de elementos tan esenciales, pueda promover la formación de
maestros.
La
guía para la evaluación de programas del CONACyT está integrada por 10
indicadores, pero para este caso se tomaron solamente 2, el primero de ellos se
relaciona con la Operación del Programa e incluye 12 aspectos a evaluar
referidos al cumplimiento de la justificación, los propósitos, metas,
pertinencia, requisitos de ingreso, permanencia, egreso, posibilidades alternas
para los alumnos, características de la normatividad, entre otros aspectos. Y
el segundo analiza el plan de estudios evaluando 7 aspectos que permiten
identificar la existencia o no de objetivos, perfil de egreso e ingreso,
orientación teórica, créditos, propuestas de actividades académicas, enfoque
teórico, procesos de evaluación, idiomas requeridos, condiciones para la
titulación, así como la coherencia, claridad, congruencia entre todos estos
elementos.
Como
resultado de este análisis, encontramos que las propuestas curriculares
presentan serias carencias en relación con los puntos abordados por la guía y
al respeto, podemos decir que ningún programa cumple con los 12 puntos
relacionados con la operación del programa.
La
mayoría de las propuestas curriculares no tienen una planeación integral en
cuanto a la manera como va a llevarse a cabo la propuesta educativa ni los
mecanismos para verificar el cumplimiento de éstos.
En
relación con el segundo indicador tomado para el análisis y evaluación de los
programas, denominado en la guía del CONACyT “Plan de estudios”, podemos
inferir que las propuestas curriculares presentan serias carencias en cuanto al
currículum formal, ya que de pronto se dejan fuera aspectos como la
justificación, la contextualización o el enfoque teórico que sustenta la
formación de maestros.
Con
estos resultados, es necesario preguntarse ¿hacia donde se orienta la formación
de maestros en Chiapas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene para los
docentes (maestrantes), los alumnos de los diferentes niveles y para el Estado
la formación de maestros en educación? Pero sobre todo, durante la
investigación ha podido interpretarse que para la mayoría de las instituciones,
el ofrecimiento de un programa de posgrado resulta ser un proyecto empresarial,
en el que lo más importante es vender un producto (los estudios de maestría),
sin que resulten de gran importancia las condiciones en las que se lleva a cabo
dicha oferta ni el sustento formal para su desarrollo. Esto tiene como
resultado que, a pesar de que Chiapas es uno de los estados del país en las que
se ofrecen más maestrías en educación, también es cierto que el problema de la educación sigue
latente, seguimos siendo uno de los Estados con mayor rezago educativo; lo que
nos indican que la formación de los docentes en las maestrías no está aportando
nada relevante para la solución de la problemática educativa en nuestro
contexto.
Por
lo anterior, consideramos que es necesaria y urgente una revisión de los
procedimientos en que han ido apareciendo los diferentes posgrados, tanto en
instituciones públicas como privadas, analizar y evaluar su funcionamiento para
obtener información que permita la toma de decisiones en materia jurídica, ya
que muchos de los problemas que ahora se presentan podrían subsanarse o
prevenirse, si fuera el caso, con su regulación y vigilancia permanente.
BILIOGRAFÍA
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PROMEP
(Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación
Superior); SEP, ANUIES, CONACYT; 1997.
Propuesta curricular de la Maestría en Educación Superior. UNACH.
Chiapas, 1994
Propuesta curricular de la Maestría en Psicopedagogía. UNACH. Chiapas,
2001
Propuesta curricular de la Maestría en Educación Indígena. UNACH.
Chiapas, 1998.
Propuesta curricular de la Maestría Educación con especialidades. UNACH.
Chiapas, 2003
Propuesta curricular de la Maestría en docencia en ciencias de la salud.
UNACH. Chiapas, 1993
Propuesta curricular de la Maestría en ciencias con especialidad en
matemática educativa. UNACH. Chiapas, 1999
Propuesta curricular de la Maestría en docencia universitaria. UNICACH.
Chiapas, 2003
Propuesta curricular de la Maestría en Diversidad Cultural. UPN.
Chiapas, 1997
Propuesta curricular de la Maestría en Desarrollo Educativo. UPN.
Chiapas, 1994.
Propuesta curricular de la Maestría en desarrollo educativo regional.
IEP. Chiapas, 1994.
Propuesta curricular de la Maestría en Educación. ITESM. Chiapas, 1998.
Propuesta curricular de la Maestría en Ciencias de la Educación. UVM.
Chiapas, 2000.
Propuesta curricular de la Maestría en Pedagogía. Universidad Pablo
Guardado Chávez. Chiapas, 2001
Propuesta curricular de la Maestría en Administración de la Educ.
Superior. IESCH. Chiapas, 1998.
Propuesta curricular de la Maestría en Ciencias de la Educación. IEU.
Chiapas, 1991
Propuesta curricular de la Maestría en Ciencias de la Educación. UMA.
Chiapas, 1995
Propuesta curricular de la Maestría en Docencia e investigación. UVG.
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Propuesta curricular de la Maestría en Integración educativa. UVG.
Chiapas, 2005
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Tomo I. (Pablo Latapí Sarre, coordinador). México, D.F.: Fondo de cultura
económica. 1998.
Notas
I.
[1]ANUIES, Anuarios estadísticos. (Internet:
http://www.anuies.mx/estadisnew/probarea4-htm)
II.
[1] Weiss,
Eduardo. Op. Cit. Pp. 383-411
III.
[1] Los programas de posgrado
reconocidos en el Padrón de Excelencia de CONACYT son: Maestría en Ciencias en
Ingeniería Bioquímica, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; y la
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas. Datos obtenidos del Programa Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC), Programas vigentes 2008.
IV.
[1] Cuando se realizó el estudio aún no
se ofertaba el doctorado en educación, que al 2009 se ofrece con formación para
la investigación
V.
Cuando
se realizó el estudio aún no había abierto su oferta educativa la Universidad
del Sur, la cual ofrece también la licenciatura y maestría en Pedagogía, así
como un doctorado en educación; todos de carácter profesionalizante.
[1] Docente de la Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH. Integrante
del Cuerpo Académico en Derecho Educativo y Educación. Ponencia presentada en
el 2º. Congreso Internacional de Derecho Educativo. E-mail marilucl14@hotmail.com
[2] Docente de la Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH. Líder del
Cuerpo Académico en Derecho Educativo y Educación. Ponencia presentada en el
2º. Congreso Internacional de Derecho Educativo. E-mail cdrtellez@hotmail.com
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